El pasado mes de marzo, el Grupo Parlamentario Vox emitió cinco preguntas con respuesta escrita al Gobierno central acerca del Real Decreto 666/2023, que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios. Esta normativa, que supone una amplia carga burocrática para el sector veterinario, preocupa también a los parlamentarios, quienes buscan aclarar varios puntos clave, incluyendo los criterios científicos y técnicos que fundamentaron el texto y las limitaciones impuestas al criterio veterinario.
Ahora, el Ejecutivo ha respondido señalando algunos puntos por los que no prevé hacer cambios en la normativa. El Gobierno ha señalado que “la resistencia a los antimicrobianos es uno de los principales problemas sanitarios existentes en la actualidad”, recordando que esta cuestión es una prioridad reconocida a nivel internacional, comunitario y nacional. Citando datos de la ONU, el Ejecutivo ha señalado que en 2019 se registraron 4,95 millones de muertes asociadas a infecciones farmacorresistentes, de las cuales 1,27 millones fueron directamente atribuibles a la resistencia bacteriana. “Si no se toman medidas, se estima que esta resistencia podría tener consecuencias devastadoras, con hasta 38,5 millones de muertes entre 2025 y 2050”, advierte.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) defiende, además, que esta normativa es parte de un enfoque integral ‘One Health’, que busca abordar las amenazas para la salud de animales, humanos y el medio ambiente de manera conjunta. Esto incluye a los veterinarios como actores clave para frenar la aparición y propagación de resistencias. “Las bacterias se comparten entre personas y animales, no sólo a través de los alimentos, sino también mediante el contacto directo con animales o incluso desde el medio ambiente”, explica el Gobierno.
Los profesionales veterinarios disponen de un amplio catálogo de medicamentos veterinarios comercializados con el que están familiarizados en su día a día, que les deja suficiente margen de elección entre los distintos grupos de riesgo
Respecto a las limitaciones impuestas al criterio veterinario, el Gobierno niega que se hayan restringido sus competencias clínicas. “Los profesionales veterinarios disponen de un amplio catálogo de medicamentos veterinarios comercializados con el que están familiarizados en su día a día, que les deja suficiente margen de elección entre los distintos grupos de riesgo”. Además, señala que la normativa incluye flexibilidades como las contempladas en los artículos 112 y 113 del Reglamento 2019/6 y los artículos 32.7 y 34 del Real Decreto 666/2023.
El Ejecutivo de Sánchez sostiene que, para casos de tratamientos metafilácticos, no siempre es necesario realizar pruebas como los antibiogramas. “Se pide que la prueba laboratorial sea ‘reciente’, por lo que no se considera necesario realizarla en todos los casos, si la situación a tratar está relacionada epidemiológicamente con una anterior en la que se hubieran realizado pruebas que confirmaran un diagnóstico”. Esta posición se alinea con la categorización de antibióticos de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que prioriza el uso de antibióticos de menor riesgo siempre que sea posible.
En cuanto a la participación del sector veterinario en la elaboración de esta normativa, el Gobierno afirma que el Real Decreto fue sometido a consulta pública, durante la cual “cualquier ciudadano, colectivo, organización o institución” pudo presentar alegaciones. No obstante, señalaron que sobre la plataforma PRESVET, que centraliza los datos de prescripción veterinaria, no se recibieron comentarios en esta fase.
Sobre la posibilidad de modificar el Real Decreto 666/2023, el Ejecutivo indica que, aunque “analiza periódicamente la aplicación de la normativa”, en este momento no se plantea ningún cambio, ya que “no concurren las circunstancias” necesarias para ello. Sin embargo, han dejado la puerta abierta a futuras revisiones si las circunstancias lo requieren.
Por último, la respuesta subraya que la aplicación de esta normativa busca armonizar las fichas técnicas de los medicamentos veterinarios a nivel europeo, en colaboración con la industria y los colegios veterinarios. “Se trabaja en mejorar la disponibilidad de los medicamentos y formatos adecuados”, puntualizan, insistiendo en que el criterio veterinario debe prevalecer siempre que esté justificado.
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